Cada año, miles de compañeras feministas desarrollan una agenda común de lucha a favor de los derechos de las mujeres. Cada año observan que esa agenda es muy parecida –a veces idéntica– a la de años anteriores.

“No hay que tomarlo como derrota, tampoco cansarnos. Cuando vemos que muchísimas mujeres en otras parte del mundo luchan para que no se anule un logro que les costó años conquistar, nos damos cuenta de que siempre estaremos peleando por alcanzar y mantener nuestros derechos”, dice una militante del feminismo venezolano.

Este año 2017, el llamado a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) movilizó candidaturas de muchas organizaciones de base, y más allá del deseo de lograr conquistar un espacio como constituyentistas, los movimientos sociales vieron en esta convocatoria una nueva posibilidad de profundizar y perfeccionar las propuestas políticas de cada sector del chavismo.

Varios movimientos sociales feministas comparten las cinco políticas que han debatido en los últimos tiempos y que sumaron también a la ANC, son las políticas que consideran fundamentales para avanzar respecto a esta lucha en Venezuela.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que en América Latina el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes alcanza los 670 mil casos.

En este contexto también indica que Venezuela tiene una de las tasas más altas de fecundidad en la población adolescente que lo ubica de primero en América del Sur.

Mariana García, politóloga y militante de la Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS), explica que existe un vacío en torno a la educación sexual de calidad y accesible de manera masiva en el país.

“Cuando decimos de calidad nos referimos a una educación sexual con perspectiva feminista, liberadora, que ponga énfasis en el autoconocimiento, en el placer compartido, en el consenso de las mujeres y la corresponsabilidad de los varones en la concepción.

Para García, ese vacío educativo en materia de sexualidad y anticoncepción tiene un espejo en el vacío que existe en políticas públicas que garanticen el acceso masivo y eficaz de las y los adolescentes a métodos anticonceptivos.

“Eso ha sido así desde hace mucho tiempo, pero en este momento de emergencia económica nacional, en el que se disparan los índices de embarazos adolescentes, se siente con mucha más fuerza”.

Desde la Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS), se mantiene la propuesta por la que varios colectivos de mujeres pugnan desde hace años: la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre los 3 millones de jóvenes entre 15 y 19 años que se someten a abortos peligrosos anualmente en todo el mundo.

Para RIAS, las medidas centrales, y que podrían ser realmente transformadoras si se encaran desde la ANC, son:

  • Implementación pública de planes de educación sexual. “Estos planes ya existen. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género ya ha avanzado en propuestas al respecto”.
  • Diseño y ejecución de un conjunto de políticas que permitan a la población adolescente, la más vulnerable al contagio de infecciones de transmisión sexual y a los embarazos no planificados, un acceso sencillo a condones, que es el método anticonceptivo de preferencia.
  • Garantía para el acceso al medicamento Misoprostol en el sistema de salud pública: “Aunque no es un método anticonceptivo ni debe ser concebido como tal, el acceso a este medicamento reduciría grandemente los embarazos de alto riesgo, y contribuiría a reducir los problemas de la mortalidad materna en Venezuela”.
  • Suprimir los artículos 430 al 436 del Código Penal venezolano en los que se castiga con prisión de seis meses a dos años a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, y pena de tres a cinco años a quien las ayude a practicar la interrupción.

 

RIAS: Las mujeres que integran la Red de Información por el Aborto Seguro ofrecen desde el año 2011 un servicio de atención telefónica gratuito para mujeres que desean interrumpir sus embarazos y que requieren información sobre la forma más segura de hacerlo sin atención médica y con un porcentaje muy bajo de riesgos. Se brinda información confiable –y certificada por la Organización Mundial de la Salud– sobre la interrupción voluntaria del embarazo con el uso de un medicamento llamado Misoprostol, que en Venezuela se consigue con el nombre de Cytotec.

La difusión de la información para el uso correcto de este medicamento salva vidas de mujeres cotidianamente.

En los últimos años, las estadísticas en Venezuela presentan un promedio de 120 femicidios anuales, y las cifras van en aumento. Mientras, las mujeres que siguen en una situación de alta violencia, y aquellas sobrevivientes de femicidios frustrados, requieren un acompañamiento especial para empezar a disminuir estos índices.

“Las fiscalías deben tener unidades de atención a las víctimas al menos en cada estado de la Nación. Se trata de un centro de abordaje en el que se reciben denuncias y se hacen pruebas psicológicas y físicas, sin que sea necesario pasar por la morgue y esos espacios desgastantes”, dice Daniella Inojosa, militante y una de las fundadoras de la red Araña Feminista.

Para Daniella, el Estado tiene que asumir definitivamente que la violencia hacia la mujer es un delito público, y por lo tanto deben existir unidades de investigación en los órganos policiales para apoyar a las fiscalías en las investigaciones de casos de femicidios.

“En este momento existe una Dirección de Familia y Mujer en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero no tenemos ningún contacto con esa Dirección y no sabemos cómo es su dinámica”.

Además, persiste un problema en los procesos de denuncia.

“Hay que automatizar los procesos, es muy extraño que tengas un caso en la fiscalía 173, en la 120, en la 95, y ninguno de esos casos estén vinculados; por ejemplo, si alguien es denunciado se le pueden abrir causas por tres mujeres violentadas y no se hace una sola investigación contra el victimario, sino que son tres casos diferentes”.

Otra de las aristas es la comunicacional: las campañas siguen siendo dirigidas a las mujeres, “como si nosotras fuésemos las responsables de salir del hecho violento. No hay ninguna campaña que diga, por ejemplo, que si tu vecina está siendo violentada la Ley por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia te da la posibilidad de denunciar, todavía se espera que sea la mujer la que salga de la violencia. No se dice que la policía tiene la facultad de llevarse preso al maltratador”.

Daniella explica que nuestra actual Ley es muy buena y tipifica muchas formas de violencia, e incluso el femicidio fue incluido en el año 2015, pero la forma comunicacional en la que es abordada es deficiente.

“El objeto de las campañas comunicacionales deberían ser los hombres, son ellos quienes deben aprender a no ser violentos, son ellos los que deben tomar conciencia de que pueden llegar a ser maltratadores”.

Sobre el papel de la ANC en este tema, considera que ésta debe ser un organismo contralor de los mecanismos legales ya existentes, y agrega la urgencia de:

  • Generar un sistema de protección que vincule la Ley por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que muchos de los maltratadores usan a niños y niñas para ejercer la violencia: se los quitan a las madres o las amenazan con hacerlo.
  • En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) debe declararse a Venezuela como un país libre de violencia hacia la mujer.
  • El femicidio debe especificarse como crimen de odio y que atenta contra los derechos humanos.

La Araña Feminista: La Araña es una red de colectivos e individualidades feministas socialistas revolucionarias. Es un espacio para el descubrimiento, enriquecimiento y encuentro de los diversos colectivos y experiencias feministas de  izquierda en Venezuela, que tratan de impulsar transformaciones económicas y socioculturales. Generan espacios de encuentro, articulación, análisis, pensamiento, planificación y ejecución de acciones enmarcadas dentro de la lucha feminista socialista, respetando la diversidad, la identidad y actuación de cada individualidad y colectivo.

En su red se articulan organizaciones de mujeres, mixtas y sexo-género diversas.

Desde hace algunos años, los movimientos feministas de base han propuesto fortalecer la construcción comunal que incorpore la perspectiva feminista a la política de Estado. Y si bien la formación con y desde las comunidades se presenta como un elemento fundamental, también las propuestas apuntan desde hace mucho a la transformación cultural de forma estructural.

Alejandra Laprea, con más de veinte años de militancia, integrante de la organización Tinta Violeta, explica cómo han confrontado esto desde el “Proyecto Amada”.

“El sistema patriarcal usa como reproductor a los medios de comunicación y a las expresiones artísticas. No es solo la canción que habla del amor romántico que naturaliza la violencia hacia las mujeres, está en las pinturas, en las novelas que leemos en el colegio, en las películas comerciales o “de autor”.

“Desde esta reflexión, pensamos que era momento de sumar a la gente que reproduce inconscientemente eso, y que a través de este proyecto pueda generar, un discurso comprometido con la lucha contra toda forma de violencia hacia la mujer”.

Con la idea de que artistas y comunicadores tienen una influencia directa en la sociedad, el “Proyecto Amada” genera espacios que funcionan como laboratorios creativos para desarrollar trabajos colectivos con conciencia de género.

Tinta Violeta participó en los aquelarres constituyentes, una serie de jornadas de debates públicos y colectivos desde el feminismo para sumar aportes a la ANC.

“Una de las propuestas es que la nueva Constitución se declare antipatriarcal y que asuma en los capítulos referidos a cultura y educación la despatriarcalización de la sociedad, ¿cómo se come eso? Se trata de impulsar y motivar a la reflexión de qué es el patriarcado y cómo afecta la vida de mujeres y hombres, y cómo perjudica a nuestras comunidades.

Para Laprea, se debe comenzar desde preescolar, e iniciarse con quienes forman, para que los profesionales que salgan de las universidades sean capaces de formar a la nueva generación. “A diferencia de cómo pasa actualmente que están los contenidos, libros y programas, pero gran parte de educadoras y educadores se niegan a implementarlos de forma eficiente”.

Por otro lado, para Tinta Violeta se debe Incluir al feminismo como corriente de pensamiento en la educación universitaria.

“Hay feminismos para las ciencias sociales, artes plásticas, matemática, arquitectura, etc. Hay que dejar de verlo como un pensamiento de élite o un tema especializado. El feminismo debe ponerse al servicio de todas y todos los estudiantes universitarios y de los programas de investigación”.

Tinta Violeta: Es un colectivo de mujeres feministas relacionadas con diferentes áreas de la creación artística, la comunicación y la investigación. Desde estos espacios impulsan la reflexión y la acción política para modificar la situación de exclusión de las mujeres, usando la música, artes plásticas y la poesía feminista/erótica, como herramientas de movilización,  transversalizando el feminismo en todos los discursos culturales.

El Colectivo Tinta Violeta es parte desde su fundación (2002), de la Red de Colectivos La Araña Feminista y participan conjuntamente en la organización global Marcha Mundial de las Mujeres.

En el año 2017 la activista Rummie Quintero, quien preside la organización Divas de Venezuela, logró junto a otras mujeres transgénero ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) la disposición para que las mujeres trans pudieran sacar su documento de identidad con la expresión de género que corresponde a su autopercepción, es decir, con la vestimenta y el aspecto con el que se identifican.

Sin embargo, aún no se ha logrado el cambio de nombre en el documento de identidad. La ausencia de reconocimiento legal y social de la comunidad trans dificulta –especialmente en los sectores más marginales– la permanencia en el sistema educativo y laboral.

Rummie Quintero y cuatro mujeres transgéneros presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia una “demanda por el reconocimiento de interés colectivos y difusos” de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es, la solicitud de que:

“Se emitan copias certificadas del cambio de nombre y género, dirigidas al Registro Principal del Municipio; a la Oficina Nacional de Registro Civil; al Consejo Nacional Electoral; al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para que se realicen las modificaciones correspondientes y a todos los organismos que correspondan”.

La Sala Constitucional, en su sentencia número 399, admitió a trámite la demanda y actualmente se espera la respuesta. Pero para Rummie el escenario sigue siendo turbio:

Sigue habiendo pacatería. Este año estuvimos en la segunda consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos, allí se logró visibilizar el tema de la identidad y expresión de género, pero considero que la Revolución debe ser asumida por personas que tengan amplitud de criterio y que estén separadas de fundamentalismos religiosos o militares, para que se comprendan y practiquen los derechos humanos de manera plural, sin ningún tipo de prejuicio y discriminación, de lo contrario seguirá siendo cuesta arriba”.

Divas de Venezuela propone ante la ANC:

  • Inclusión en la CRBV de la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, así como la garantía al derecho de la identidad de género autopercibida.
  • Creación de subcomisiones que incorporen todos los grupos de mujeres, incluidas las mujeres trans.
  • Desarrollo de políticas educativas para la deconstrucción y decolonización de las relaciones erótico-afectivas.
  • Garantía del derecho al trabajo, salud integral y educación a la comunidad trans.

Divas de Venezuela: En una de las primeras organizaciones fundadas en Venezuela para el reconocimiento, reintegración social, cultural, educativa, deportiva, recreativa, política y laboral de las personas trans. Desde su nacimiento ha realizado acciones políticas a favor de la visibilización de trans, intersexuales, lesbianas, homosexuales, “intergénero”, bisexuales, en igualdad de condiciones, pleno goce y ejercicio de derechos, junto a colectivos afros, obreros, feministas, campesinos, ecologistas, indígenas y estudiantiles.

Estos cinco puntos han estado sobre la mesa desde hace años en Venezuela, y como dijo aquella compañera feminista, no hay cansancio. Diversas herramientas legales de protección a las mujeres ya están ahí, como dice Daniella Inojosa, solo falta su correcta implementación.

Mujeres obreras, lesbianas, negras, campesinas estudiantes, cineastas, artistas, coinciden no solo en una agenda sino también en un sentimiento común, y que describe Rummie de manera entera y transparente: “Nosotras estaremos insistiendo hasta el final de los tiempos, hasta siempre, ahí estaremos nosotras”.