La memoria es una forma de expresión de rebeldía de los pueblos frente a la violencia y la impunidad, un instrumento para asumir el conflicto, ventilarlo en la escena pública y generar una conciencia del fenómeno de la violencia que tanto daño ha hecho a la vida social y política del país.

La caracterización de la violencia política ocurrida en el marco de las manifestaciones del año 2017, la individualización de las víctimas fatales, la expresión de la segregación residencial socioeconómica, el uso instrumental y desproporcional de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, la identificación de los victimarios y de los mecanismos de impunidad, el acercamiento a las secuelas sociales y políticas de la violencia son propósitos de cualquier memoria cuyo eje central sea la dignidad y el reconocimiento de las víctimas de la violencia porque cualquier daño que se haga contra éstas, se hace contra toda la humanidad. Esa es la justificación principal de la investigación adelantada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.  

La memoria siempre es un deber por aquello del derecho a la verdad, la justicia y a la reparación y, aunque este informe no pretenda esclarecer los hechos, si tiene el propósito de reconocer, visibilizar y dignificar a las víctimas de los hechos violentos que se han promovido para dirimir un conflicto de carácter político. La memoria recoge el dolor de las víctimas, sus voces más agónicas pero nunca tiene pretensiones de venganza porque ésta sólo conduce a escenarios de odio y el aniquilamiento de los supuestos agresores y eso es la negación radical de la democracia.

Por el contrario, la memoria debe contribuir con los ejercicios de reflexión desde el encuentro de diversas miradas, la responsabilización de los hechos en estricto apego al Estado de Derecho desde la consideración de que la entronización de la impunidad amplía los efectos de la violencia y genera la sensación que no hay límites para el crimen. Por eso, es una obligación moral para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz contribuir con la memoria de las víctimas de la violencia en general y de las víctimas de abuso policial por una ética de los mínimos.

En el informe encontrarán un preámbulo con las razones de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz para emprender esta investigación, la metodología de trabajo y el paso a paso para lograr la consolidación de toda la información de los casos. De seguidas encontrarán dos capítulos de contexto, el primero es un punteo de los principales hitos nacionales e internacionales que dieron paso a todos los acontecimientos ocurridos en el año 2017.

El segundo es un capítulo referido a conceptos que dan un marco teórico referencial a la investigación, lo que permitió orientar el juicio experto. Cabe destacar que todos los datos provienen de fuentes oficiales, de entrevistas realizadas a las familias y algunos grupos de interés quienes aportaron información relevante sobre los sucesos.

El informe reporta que la violencia letal se concentró prácticamente en el 13% de las capitales de los municipios del país, que a su vez son los gobernados por grupos políticos de oposición en los meses de abril y julio, donde el 88% de las manifestaciones violentas, objeto de dispersión por parte de la fuerza pública, fueron aquellas que no tuvieron convocatoria formal (cierre de vías, saqueos, daño a instituciones).

Lara, Miranda, Distrito Capital, Táchira, Carabobo, Mérida y Zulia resultaron los estados donde se concentraron las víctimas fatales, justamente los estados más urbanizados del país. No obstante, la modalidad y características que adquirió la violencia en cada entidad, varía significativamente entre sí.

La estrategia para la promoción de la violencia se concentró prácticamente en el uso de tácticas militares para el control territorial, la toma de las principales vías de circulación para impedir la circulación de personas, servicios y bienes; la destrucción y desmoralización de la ciudad, la utilización de simbología relacionada con actos bendecidos y heroicos; la incitación, especialmente, a los sectores populares para que se levantaran por reclamos sociales.

La violencia ejercida en este tiempo, además de planificada, contó con un aparataje logístico financiero dirigido a un sector de los manifestantes, cuya tarea era lograr el enfrentamiento y quienes aseguran en sus testimonios, haber recibido alimentación, hidratación, vestido, calzado, implementos de distinto tipo y armas no convencionales. Esto unido con pagos directos en efectivo, el suministro de drogas y alcohol logró convocar especialmente a jóvenes que, por motivaciones económicas se sumaron a la tarea.

Una práctica común de las manifestaciones estuvo centrada en el asedio a comandos policiales y militares, la destrucción de edificaciones y bienes oficiales de uso colectivo como fueron los semáforos, alumbrados y defensas en las principales vías públicas, vehículos oficiales de transporte público, saqueos a establecimientos comerciales y vehículos de transporte de productos alimenticios.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz registró más de 800 funcionarios policiales y militares lesionados en el marco de acciones de orden público y dispersión de manifestaciones, mayoritariamente de los cuerpos de policía del país.

Las armas no convencionales fueron ampliamente utilizadas por los manifestantes en las acciones de confrontación con los organismos de seguridad causando daños que aún no están cuantificados y que al menos dejaron un saldo de 5 personas fallecidas.

Hubo crímenes producto de la intolerancia social que son inaceptables dado que nos declaramos constitucionalmente como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Nuestra hipótesis es que las manifestaciones estaban orientadas a suscitar una insurrección y estimular una suerte de Estado fallido en su estructura de control físico del territorio, en el monopolio del uso legítimo de la fuerza, en su capacidad para el suministro de servicios e incluso en su capacidad de interactuar con otros Estados como miembro pleno de la comunidad internacional.

En las manifestaciones hubo claras violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza física por parte de los organismos de seguridad; la utilización de armas no autorizadas; el empleo de la fuerza como forma de castigo directo; el exceso en la utilización de gases como instrumento de dispersión de las manifestaciones; el uso de la fuerza potencialmente mortal en situaciones que no constituían amenaza cierta y efectiva a la vida de los funcionarios; los allanamientos arbitrarios y sin orden judicial a conjuntos residenciales.

La violencia política ocurrida en Venezuela dejó un lamentable saldo de 142 víctimas fallecidas, producto de diferentes eventos ocurridos entre abril y julio del año 2017 con un porcentaje significativo en el mes de julio.

Hubo víctimas que murieron directamente como resultado del despliegue de la violencia que se ejerció en las manifestaciones y protestas, bien sea por la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado o por particulares en medio de escenarios de violencia política (108 personas), y otras que fallecen en medio de contextos de confusión derivados de ésta, resultado del impacto de las condiciones creadas por dicha violencia política (34 personas).

La gran mayoría (104) mueren por heridas de armas de fuego, 11 por electrocución, 6 por quemaduras y otros tantos por politraumatismo, 5 por arrollamiento, 4 por armas no convencionales, 3 por objetos contundentes, 2 por asfixia y 1 por caída de altura.

Un poco más de la mitad de las víctimas (58,45%) mueren en el marco de manifestaciones (marchas, concentraciones, trancazos, protesta en general), 28 mueren en el marco de saqueos, 10 en accidentes de tránsito, 9 en barricadas, 5 en accidentes personales y otro tanto en linchamiento y 2 en el marco de un secuestro político.

Las víctimas fallecieron mayoritariamente en manifestaciones no convocadas formalmente pero que, según declaraciones públicas de personeros de los grupos políticos de oposición, respondían a una estrategia insurreccional.

Un poco menos de la mitad de las víctimas (47%) fallecidas no participaba en las manifestaciones sino que transitaba por el lugar u observaba, lo que pone de manifiesto la extensión de la violencia política letal en el marco de los eventos.

Las víctimas fallecidas, responden al patrón de violencia que ocurre en el país desde hace muchos años y cuyas características apuntan a hombres, jóvenes, bachilleres, obreros principalmente y un número significativo de estudiantes. También de manera consistente a la victimización de la violencia en general, la mayor parte de las víctimas pertenecen a sectores populares de la sociedad venezolana.

Fallecieron 9 mujeres cuyo su perfil varía sustantivamente respecto a los hombres. Sus muertes fueron de carácter situacional, no participaban en su mayoría en los eventos y el promedio de edad aumenta significativamente. Por contraste ello deja en evidencia la alta vulnerabilidad masculina.

Lamentablemente 17 de las víctimas fueron jóvenes cuyas edades oscilaban entre 13 y 17 años y, si añadimos 7 jóvenes de 18 años (que si bien legalmente eran mayores de edad, sus dinámicas de vida eran propias de la adolescencia), suman 24.

Un importante grupo de jóvenes fallecidos eran además de estudiantes, sostén económico, moral y emocional de sus hogares. Varios de ellos representaban la figura paterna, pilar fundamental para el sostén económico y material de la familia.

9 de las víctimas eran funcionarios de los organismos de seguridad que se encontraban activos y en labores de contención o manejo de la violencia política generada en el marco de las manifestaciones.

El 49% (70 personas) de las víctimas fallecieron en manos de particulares, 37% en manos de funcionarios de los organismos de seguridad, el 1% se desconoce y un 13% no aplica ningún victimario porque fueron muertes por accidentes.

De las 70 personas que fallecen en manos de particulares, al menos, 28 murieron por la activación de grupos civiles no identificados y armados que apoyaban expresamente tanto al gobierno como a la oposición y, en muchos casos, actuaron con aquiescencia de los organismos de seguridad y las autoridades políticas.

El 50% de las víctimas que fallece por la acción directa de los organismos de seguridad es supuesta responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según los reportes emitidos por el Ministerio Público al cierre de este informe (mes de octubre 2017), el 73% de los casos siguen el curso de la investigación, en 36% de casos se ha individualizado la responsabilidad penal, 31 personas que han sido imputadas y el mismo número de personas que han sido detenidas por algunos de los casos.

Según los reportes emitidos por el Ministerio Público al cierre de este informe (mes de octubre 2017), en el 13% de los casos donde hay un funcionario de los organismos de seguridad involucrado no han presentado la información requerida por la Fiscalía.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hace un llamado a todas las estructuras de la administración de Justicia para que acelere las investigaciones en todos los casos, atiende diligentemente a las víctimas, suministre información y concrete los juicios correspondientes, dado que la impunidad es un fenómeno que revictimiza y hace daño a la sociedad entera. Sin justicia no habrá paz.