Mi memoria selectiva me permite recordar los detalles más “insignificantes”, pero olvidar por completo algunas grandes responsabilidades. Para combatir ese mal suelo usar 2 herramientas: los papelitos y la rapidez.

Por eso, cuando empezaba el mes de marzo del año 2016, yo ya había declarado mis impuestos, dividido el pago en tres partes, y cancelado la primera. Recuerdo que el monto total me parecía un coñazote enorme, pese a que el funcionario del SENIAT que tomó mi declaración, en la planta baja del edificio del ente público para el cual trabajo, me recomendó colocar a mis padres como “carga familiar para ver la si la cosa bajaba“.

“Que carajo tan pana”, pensé, sin ninguna carga moral. Al fin y al cabo, mi sueldo era una mierda y el año nuevo, como casi siempre, me había agarrado mamando y loca. “Que paguen los que tienen real”, me dije.

Sin embargo, a los días, el presidente Nicolás Maduro decretó que solo los que ganasen más de 50.000 bolívares pagarían ISLR, un monto que yo ni de lejos había obtenido, y que hoy, irónicamente, no alcanza ni para un buen almuerzo.

Entonces, me fui al SENIAT de Plaza Venezuela para anular mi declaración y soñar que me devolverían aquella primera parte. Desde entonces, he intentado, sin mucho éxito, entender todos los vericuetos de eso que llaman “la política tributaria” venezolana.

El ABC tributario

En Venezuela, la Constitución de 1999, establece un sistema tributario basado en la legalidad (no podrá establecerse impuestos, tasas o contribuciones que no estén expresamente previstas en la ley), progresividad (a mayor ingreso mayor impuesto), equidad (distribución de las cargas sin importar raza, credo, nacionalidad, edad, condición social, etc.), entre otros.

El ente encargado de velar por esto es el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre sucesiones, Impuesto sobre donaciones, Impuesto sobre cigarrillos, Impuesto sobre licores e Impuesto sobre actividades de juegos de envite y azar.

El presidente Nicolás Maduro ha dicho que el 83% del presupuesto nacional del 2017 provino de la recaudación de impuestos. Hace días, el Seniat también anunció que durante el mes de enero se recaudó un total de 6 billones 893 millardos de bolívares, con lo cual superó en 542,58 % la meta establecida de 1 billón 270 millardos de bolívares. Sin embargo ¿Son realmente buenas estas cifras?

En números

“Hay que ver la cifra macroeconómica de la tributación. En este sentido, Venezuela tiene una cifra baja. De hecho, está por debajo del promedio de la región: todo lo que se recauda de tributos internos lo divides entre el PIB y es bajo, apenas un 10-11%. Entonces, en términos generales, aún hay un espacio grande para incrementar la tributación, es decir, la suficiencia recaudatoria”, expresó el economista, Nicolás Oliva.

En efecto, según la CEPAL, entre 1990 y 2014, todos los países de América Latina y el Caribe reflejaron un aumento de recaudación tributaria sobre el PIB, pero hay grandes diferencias entre cada uno de ellos. Los países que presentaron un mayor aumento fueron Bolivia (20,6%) y Argentina (19,8%), seguidos de Colombia, Ecuador y Paraguay, que experimentaron un incremento de 11-12 puntos. Por el contrario, en Jamaica y Venezuela el aumento fue de apenas 1,2 puntos y 0,1 puntos, respectivamente.

Entonces, además de lidiar con la especulación, ¿también tendré que pagar más IVA? “Existen 2 tributos. Los tributos directos (los más justos) versus los impuestos indirectos (menos justos) como el IVA (que lo pagan todos por igual independientemente de su capacidad económica). En Venezuela, y Latinoamérica en general, lamentablemente se recauda más a través de los impuestos indirectos (IVA) y por eso todos los ciudadanos estamos pagando más que los que más tienen (los ricos)”, agrega el experto financiero.

En efecto, en Venezuela el IVA es hoy el tributo más importante, recauda más que el ISLR, y representa, según el SENIAT, más de la mitad del total de ingresos tributarios. Mientras que las otras rentas (licores, cigarros, juegos de envite, etc.) incluyendo la aduanera, ofrece aportes pírricos.  Entonces ¿qué debemos cambiar?

“En Venezuela el esquema tributario es bastante bueno desde el punto de vista legal. Incluso, es de los pocos países en que el Impuesto a la Renta de personas jurídicas tiene tarifas progresivas hasta el 34%, es decir, muy altas (…) Pero hay escudos fiscales que hacen que los ricos no paguen tanto“, dice Nicolás.

“Pero además el SENIAT se basa en lo que dicen los fiscalizadores, es decir, unos funcionarios van a las empresas a ver si es verdad que la legislación está aplicándose, si la empresa declaró bien sus gastos, etc., eso es anacrónico, hay que implementar sistemas tecnológicos, de control automatizado y masivo. Lo importante no es modificar la ley sino fortalecer el control”, expresa el economista Nicolás Oliva.

En efecto, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6,3% del PIB.  No es casual que entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de la región crecieran un 21% anual, un aumento 6 veces superior al del PIB de la región.

“Y gran parte de esa riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Venezuela también debe mejorar la fiscalización internacional. Las empresas usan paraísos fiscales, no solo en Venezuela sino en el mundo, pero en Venezuela no se ve una preocupación al respecto desde el sistema tributario“, agregó Oliva.

Sin embargo, Maduro parece que sí se preocupó o al menos así lo expresó el pasado 7 de septiembre del 2017 cuando manifestó: “Hay que pechar a los grandes patrimonios (…) Hemos investigado, tenemos resultados, y pido que en 30 días se abra una investigación profunda y veraz para establecer el origen y existencias de las grandes fortunas generadas en la guerra económica, saber quiénes son sus dueños”, el mismo día que consignó ante la ANC una propuesta de Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas y Patrimonios de la que aún no se sabe nada.